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38 años de democracia

Publicado por g1990, 31 de Octubre de 2021, 01:44:19 PM

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g1990

Este 30 de octubre se cumplieron treinta y ocho años de la recuperación de la democracia después de la última interrupción del orden constitucional que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el derrocamiento de María Estela Martinez de Perón y culminó con la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín a la Presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 1983, luego de haber sido electo en las urnas el domingo 30 de octubre de ese mismo año.

De este modo, Argentina comenzaba a transitar nuevamente por la senda de la vida democrática, luego de uno de los gobiernos de facto más cruentos y tras casi veinte años de conflictos sociales y políticos que escalaron hasta los más altos niveles de violencia, culminando en el dispar enfrentamiento entre grupos guerrilleros de extrema izquierda y las Fuerzas Armadas y de Seguridad conducidas por un Estado gobernado al margen de la ley y la Constitución tras el golpe cívico-militar concretado contra la primera mujer en ejercer la presidencia de nuestro país.

Los fríos números nos dicen que, de los 205 años de historia de nuestra nación, 49 los transitamos con gobiernos asamblearios, 22 con gobiernos de facto y 134 con gobiernos democráticos de distinto tipo, incluyendo desde aquellos que eran elegidos a través del voto calificado establecido por la Ley 140 del año 1857, modificada por Ley 240 del año 1859, la que rigió hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña, que estableció el voto secreto, universal y obligatorio, y se aplicó por primera vez en las elecciones presidenciales de 1916 que consagraron a Hipólito Yrigoyen como Presidente de la Nación. La Ley Sáenz Peña no fue derogada, pero en los hechos dejó de aplicarse durante la década de 1930, durante el gobierno de la alianza política conocida como la Concordancia, que justificó su anulación fáctica imponiendo el concepto de fraude patriótico. En 1947, con la sanción de la Ley 13.010, nuestro sistema democrático incorporaría a las mujeres a los padrones, reconociendo su derecho al sufragio.

Sin embargo, la ocurrencia de seis golpes de Estado signaron el período iniciado en 1930 y concluido en 1983, lo que nos permite sostener que, recién en los últimos treinta y ocho años, hemos vivido en una democracia lo suficientemente plena, continuada y con una consolidación que, más allá de distintas desavenencias y desencuentros transitados dentro de su propio marco, se va cimentando sobre sí misma elección tras elección y gobierno tras gobierno, demostrando una capacidad de resiliencia que la mantiene en pie a pesar de las reiteradas crisis sociopolíticas y económicas que se han suscitado y se siguen suscitando en nuestro país, las cuales son un drama irresuelto pero que, a pesar de todo, se han podido mantener dentro de los andariveles de la institucionalidad y el orden constitucional, superando momentos de profundo desasosiego, como la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, que, a diferencia de lo ocurrido en otras etapas de nuestra historia, pudo ser amortiguada eficazmente por los propios resortes del sistema democrático.

A partir de entonces, y habiendo transitado ya 38 años de democracia ininterrumpida, los argentinos parecemos haber alcanzado un consenso básico que trasciende incluso las más profundas grietas políticas con las que hemos convivido, cada vez más, durante nuestra recuperada democracia. Ese consenso, quizás el único que hoy en día atraviesa transversalmente y no encuentra reparo alguno entre los distintos sectores políticos y sociales, puede resumirse en una frase: democracia eterna bajo el imperio de la Constitución.

En ese sentido, entiendo que corresponde y así lo hago, un expreso reconocimiento a un hito de nuestra historia democrática reciente que, mirado desde la óptica de una sociedad cada vez más corroída y debilitada por la imposibilidad de construir consensos, cobra doble valor: el Pacto de Olivos de 1993 y su consecuencia inmediata, la Reforma Constitucional de 1994. En ese acuerdo alcanzado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que como todo producto de la política tiene sus vicisitudes y aspectos susceptibles de ser criticados, se concretó uno de los puntales más fuertes de nuestra democracia recuperada, que plasmó en el texto de nuestra ley fundamental ese referido concepto de democracia eterna.

Quizás movidos por el recuerdo todavía fresco de la última dictadura y con sus esquirlas aún flotando en el aire, el entonces Presidente y líder del Partido Justicialista y su antecesor en el cargo y máximo referente de la Unión Cívica Radical, sentaron las bases del acuerdo que sería receptado legislativamente mediante la Ley 24.309 del 29 de diciembre de 1993, popularmente conocida como Núcleo de Coincidencias Básicas, dando el puntapié inicial al proceso de reforma constitucional que comenzó su labor el 25 de mayo de 1994 y sancionó el texto reformado casi tres meses después, el 22 de agosto de ese mismo año.

En ese sustancioso contexto, la Convención fue expresamente habilitada para incorporar al texto de la Carta Magna garantías de defensa de la democracia, entre las que se incluyeron la regulación constitucional de los partidos políticos, del sistema electoral y de la defensa del orden constitucional. Tamaña oportunidad no fue desaprovechada por los constituyentes, quienes bajo el Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución, rotulado con simpleza como «Nuevos Derechos y Garantías», revistieron de la máxima protección legal a los pilares fundantes de nuestra democracia recuperada.

Así fue como el derecho al voto secreto, universal, secreto y obligatorio, que había nacido con la precitada Ley Sáenz Peña y se había perfeccionado con la Ley de Voto Femenino, pasó a estar enclavado en el más alto nivel de nuestra pirámide normativa. En la misma línea, se le reconoció a los partidos políticos el rango de instituciones fundamentales del sistema democrático, y, para coronar su labor la Convención Constituyente consagró, en el nuevo Artículo 36 del texto constitucional, la vigencia absoluta de la Constitución, aún cuando su observancia resultare interrumpida por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.

Con ello, la Convención hizo su mayor acto de honra a la democracia, echando por tierra toda posibilidad de legitimación de los golpes de Estado, al disponer la nulidad absoluta e insanable de todo acto dictado por autoridades de facto, poniendo fin a cualquier intento de legitimar lesiones a la democracia como ocurriera con la tristemente célebre acordada del 10 de diciembre de 1930, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia abrió una peligrosísima puerta al sentar jurisprudencia que convalidaba y legitimaba los actos normativos emanados de autoridades que usurparan el poder por la fuerza y suspendieran el cumplimiento de la Constitución Nacional.

Por ello, cumplido un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia, considero un acto de estricta justicia darle reconocimiento a este suceso que se gestó en ocasión del Pacto de Olivos y se materializó con la labor de la última Convención Constituyente, gracias al cual nuestra democracia encuentra una columna sustentadora que se erige como garante incólume de su vigencia y como fortín para su defensa si es que algún día alguien vuelve a soñar con la delirante idea de interrumpir el orden constitucional que tanto nos ha costado conseguir, recuperar y sostener, y que nos permite dirimir nuestras diferencias y afrontar nuestros desafíos como nación bajo el manto sagrado del sistema republicano, representativo y democrático que nos cobija a todos los argentinos.

Artículo de opinión escrito por Guillermo Chas, abogado constitucionalista, consultor y docente, originalmente publicado en el blog de Guillermo Chas y en el sitio web de Marcelo Bonelli.